El próximo 28 de octubre, la Cámara de Senadores tiene previsto analizar un proyecto de ley que propone la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres. Esta iniciativa busca facilitar el proceso de denuncias, mejorar la atención a las víctimas y fortalecer la coordinación entre las entidades del sistema judicial.
La senadora Lilian Samaniego (ANR, Causa Republicana) instó a sus pares a revivir el proyecto que fue rechazado en 2024 y a respaldarlo de manera unánime, con el fin de enviar un mensaje de esperanza a la sociedad ante el incremento de los casos de feminicidio e intentos de feminicidio.
Durante su intervención en el pleno, Samaniego afirmó: “El feminicidio en nuestro país empieza con el miedo y termina con la muerte”, enfatizando la urgencia de que el Estado actúe con mayor celeridad ante las denuncias de violencia hacia las mujeres.
La senadora pidió que las comisiones pertinentes retomen el análisis de la propuesta, convoquen a instituciones como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para conocer sus opiniones y acuerden las modificaciones necesarias antes de su discusión en el pleno.
En su discurso, Samaniego mencionó varios casos recientes de violencia extrema contra mujeres para resaltar la gravedad de la situación. Entre ellos, citó el caso de una joven de 22 años que fue atacada por su pareja y recibió tres disparos, así como el de una mujer de 38 años hallada sin vida en una vivienda y el de otra de 63 años que sobrevivió a un ataque en el que su exmarido la apuñaló 14 veces.
La legisladora también hizo referencia a un intento de feminicidio en Loreto, donde una joven de 19 años fue herida en el cuello con un machete por su pareja. “Cada víctima tiene un nombre”, expresó Samaniego, quien subrayó que los feminicidios generan familias destruidas, niños huérfanos y consecuencias sociales irreparables.
La propuesta busca establecer órganos judiciales especializados en violencia contra las mujeres, con funcionarios capacitados para atender las denuncias y proporcionar respuestas oportunas. Según Samaniego, la iniciativa incluye la participación de jueces, fiscales, asistentes sociales y psicólogos entrenados para manejar estos casos, además de protocolos específicos.