Sandra Quiñonez, quien fue fiscal general del Estado y agente Antisecuestro, rememoró el secuestro y posterior muerte de Cecilia Cubas durante una entrevista en La Tribu 650 AM. El 21 de septiembre de 2004, día en que ocurrió el secuestro, Quiñonez se encontraba de turno y se dirigió a la residencia de la familia junto a efectivos de la Policía Nacional para verificar lo sucedido y recoger los primeros testimonios.
La madre de Cecilia fue una de las primeras personas con las que se comunicaron, ya que había llegado antes al lugar. Quiñonez explicó que los secuestradores conocían la rutina de la joven y esperaron el momento en que su madre tomó otro camino para ingresar por el estacionamiento. También participaron en las primeras diligencias el fiscal general de aquel entonces, familiares y testigos. El equipo de Criminalística de la Policía Nacional se encargó de recoger las evidencias encontradas en el lugar, mientras que el Ministerio Público comenzó a reunir elementos para identificar a los responsables del secuestro.
“Lo primero fue constituirnos al lugar del hecho, con la Policía Nacional, verificar todo cómo fue y hablar con la mamá”, indicó Quiñonez. Recordó que una de las primeras comunicaciones de los secuestradores fue a través de una llamada telefónica a la vivienda, donde informaron que tenían a Cecilia y afirmaron que se encontraba bien. Posteriormente, comenzaron a llegar comunicados y pruebas de vida dirigidos a la familia.
La exfiscal mencionó que los investigadores estaban analizando diferentes elementos para identificar al grupo responsable, incluyendo el acento de quienes realizaban las llamadas y las características de los mensajes enviados a la familia. Uno de los documentos fue etiquetado como “CO1”, correspondiente a “comunicado operacional uno”, donde se detallaban las exigencias de los secuestradores y las condiciones para continuar las negociaciones. Quiñonez recordó que inicialmente se solicitaba una suma de entre cinco y diez millones de dólares.
Además, se enviaron pruebas de vida desde distintos lugares, siguiendo las indicaciones proporcionadas a la familia. Con el transcurso de las horas, los investigadores comenzaron a vincular el secuestro con el brazo armado de un movimiento político, aunque la identificación precisa de los responsables requería un análisis exhaustivo de las comunicaciones y otros elementos.