Prieto enfrentará audiencia disciplinaria por dilaciones

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ha ratificado la citación de un Tribunal de Apelación para Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este, en el marco de una audiencia disciplinaria por las dilaciones injustificadas que ha realizado en el proceso conocido como 'Tajy'. El Tribunal de Apelaciones, conformado por los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, había convocado a Prieto para el 10 de junio pasado, debido a su recusación contra el juez Humberto Otazú, la cual fue considerada infundada. La Cámara evaluó la solicitud de Prieto y determinó que carecía de fundamentos sólidos, siendo meramente 'cuestiones subjetivas'. La recusación fue presentada en relación con un caso en el que se le acusa de apropiarse de 306 millones de guaraníes de la Municipalidad de Ciudad del Este durante su gestión. Según Prieto, el juez Otazú debía ser apartado del caso por su amistad con el exintendente Javier Zacarías Irún. Los magistrados señalaron que Prieto ya había planteado este argumento en una ocasión anterior, y el mismo Tribunal de Apelación lo había desestimado. La resolución establece que la supuesta amistad entre el juez y Zacarías no es un motivo válido para su recusación. Con esta decisión de la Corte, la Cámara puede proceder a convocar la audiencia, la cual se llevará a cabo conforme al artículo 114 del Código Procesal Penal, que prevé sanciones disciplinarias por presentaciones que solo buscan dilatar el proceso. De acuerdo con este artículo, las sanciones pueden incluir apercibimiento o multa, que puede ser de hasta 50 días en casos generales y hasta 100 días en situaciones graves o reiteradas, siempre con la obligación de escuchar al afectado antes de imponer cualquier sanción. Las sanciones procesales son apelables con efecto suspensivo. Esta situación disciplinaria está relacionada con la causa 'Tajy', que investiga un presunto perjuicio patrimonial de aproximadamente 306 millones de guaraníes por compras ficticias de alimentos, en las que la supuesta proveedora era una empresa con dicho nombre.