El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) ha solicitado a la Justicia Electoral, a los observadores internacionales y al fiscal general del Estado que se impida que la Asociación Nacional Republicana (ANR) transgreda el derecho al sufragio libre y secreto. El presidente del PLRA condenó las afirmaciones de los representantes del Partido Colorado, quienes anunciaron que no cumplirán con la reglamentación electoral que busca prevenir la inducción al voto.
El líder liberal consideró que los apoderados colorados han promovido la violación de las normas del Código Electoral y de las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral, afectando las garantías de secreto, libertad y transparencia del sufragio. En un comunicado, el PLRA expresó su preocupación por el hecho de que, a pocos días de las elecciones municipales, se cuestione públicamente el cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades competentes.
Desde el PLRA recordaron que el “voto asistido” es una herramienta de inclusión destinada exclusivamente a quienes realmente requieren asistencia, según lo estipulado en el Código Electoral, y subrayaron que esta figura no debe ser utilizada para influir o controlar la voluntad del elector. Sin embargo, los apoderados colorados argumentan que dicha reglamentación no fue establecida mediante una ley del Congreso Nacional, lo que fundamenta su rechazo a acatarla.
Ante esta situación, el PLRA ha solicitado formalmente al fiscal general que ordene la intervención de sus agentes en el marco de sus atribuciones legales, enfatizando que “ninguna estructura partidaria puede colocarse por encima de la ley”. Asimismo, la principal fuerza de oposición pidió al TSJE y a los organismos pertinentes que adopten las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente en lo que respecta al voto asistido, el secreto del sufragio y la prohibición de cualquier forma de coacción. También solicitaron que todas las Mesas Receptoras de Votos cuenten con el respaldo institucional necesario para asegurar la libertad del elector y el desarrollo normal de las elecciones.