El economista Yanis Varoufakis, en su obra “Tecnofeudalismo”, argumenta que las grandes plataformas no solo compiten en el mercado, sino que crean entornos donde millones de personas realizan diversas actividades, mientras sus propietarios determinan las condiciones de acceso.
En Paraguay, esta advertencia cobra una relevancia particular. Un comerciante pequeño depende de una plataforma para sus ventas, un emprendedor invierte en publicidad digital para captar clientes, y un medio de comunicación genera contenido propio, pero requiere de algoritmos extranjeros para alcanzar a su audiencia. Todos ellos forman parte de una economía cuyas reglas son difíciles de cuestionar.
La tecnología no representa un obstáculo para el desarrollo, ya que brinda oportunidades a naciones pequeñas. Sin embargo, el problema radica en que aprovechar estas oportunidades puede conllevar a una dependencia creciente, sin suficientes protecciones para la competencia y los derechos.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ha señalado la concentración del valor generado por la economía digital y los desafíos que enfrentan los países en desarrollo.
Paraguay cuenta con recursos energéticos, estabilidad económica y potencial productivo que pueden impulsar su transformación tecnológica. Sin embargo, atraer inversiones y consumir innovación no equivale a desarrollar capacidades propias.
Aquí es donde entra en juego un aspecto esencial: la democracia. Las instituciones democráticas son fundamentales para establecer reglas, controlar abusos y exigir rendición de cuentas. Ante poderes empresariales que trascienden fronteras, se requieren reguladores competentes, un sistema judicial independiente y ciudadanos bien informados.
No se trata de reemplazar el poder privado por un Estado sin controles, ya que la concentración de poder es peligrosa en ambos casos. La solución implica fomentar la competencia, la transparencia, la protección de datos y establecer límites institucionales.
Paraguay no debe cerrarse al mundo digital, sino que necesita educación tecnológica, empresas innovadoras y la capacidad de negociar su posición en esta economía.
La propuesta de Varoufakis puede ser objeto de debate, pero plantea una pregunta difícil de eludir: ¿cuánta soberanía mantenemos cuando las decisiones sobre nuestra economía y nuestra información son tomadas fuera de nuestras instituciones?
El desarrollo no se limita a generar más riqueza, sino que también implica preservar la capacidad colectiva de decidir nuestro futuro.