El contralor Camilo Benítez se reunió con el ministro de Educación, Luis Ramírez. La Contraloría identificó numerosas operaciones sospechosas en el registro de títulos de la cartera educativa. En respuesta a las investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría, el Ministerio de Educación decidió anular de oficio las matrículas de 108 docentes que utilizaban diplomas falsificados atribuidos a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA). La medida se implementa tras un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR), que destacó serias fallas y vulnerabilidades en los procedimientos de verificación y registro de títulos académicos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
La Fiscalía había insistido en la necesidad de cancelar de inmediato los registros y denunció la falta de acción institucional durante la investigación penal, según lo indicado por la agente fiscal Teresa Sosa en una entrevista con ABC TV. A través de la resolución N° 1341/26, firmada por el ministro Luis Ramírez el 25 de septiembre, se declaró la nulidad de las matrículas, al comprobar que los títulos presentados como de la UAA no eran auténticos. La normativa también establece que la UAA, en su comunicación oficial, afirmó de manera categórica que las personas mencionadas en la denuncia no habían cursado ni completado ninguna carrera universitaria en dicha institución, lo que fue corroborado por informes de las áreas técnicas competentes del Ministerio.
El informe de auditoría de la Contraloría reveló la magnitud de las deficiencias en el proceso de verificación y convalidación de títulos académicos gestionado por el MEC. El órgano de control encontró debilidades críticas en el sistema de control interno y en los sistemas informáticos, lo que permitió que diplomas sin respaldo en las universidades fueran registrados en diversas carreras. Entre las inconsistencias más graves, los auditores identificaron 453.599 operaciones sospechosas para validar registros de títulos en el sistema del MEC, realizadas fuera del horario laboral entre 2023 y 2026, durante la gestión de Luis Ramírez. Además, las entradas al sistema se llevaban a cabo los días sábado, domingo y feriados.
A estos hallazgos se suma la inacción denunciada por el Ministerio Público, que en al menos dos ocasiones solicitó formalmente la anulación de las matrículas fraudulentas ya confirmadas. La fiscala Teresa Sosa criticó la falta de rapidez y la escasa información proporcionada por el ministerio.