La senadora colorada Lilian Samaniego adoptó una postura clara respecto a la propuesta de establecer un 'frente único de salud' entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS) para abordar el problema crónico de falta de insumos y medicamentos. La legisladora enfatizó que el IPS no es una entidad asistencialista ni está bajo la dependencia del Poder Ejecutivo. Recordó que la Constitución y la carta orgánica le confieren un carácter autárquico, siendo sus únicos propietarios los aportantes y jubilados.
Samaniego explicó que el marco legal del país ya cuenta con la Ley N.º 1032 de Creación del Sistema Nacional de Salud, vigente desde hace tres décadas, que establece la colaboración entre instituciones y la descentralización de recursos. Resaltó que el verdadero inconveniente radica en que el Fondo Nacional de Salud, previsto en dicha ley, nunca fue reglamentado, lo que permitiría mayor transparencia en los costos, compras coordinadas y reducción de precios de medicamentos en todo el país.
La parlamentaria reiteró que el patrimonio del IPS no es propiedad del Gobierno ni del presidente, sino de los tres sectores que financian el fondo previsional: los trabajadores que aportan el 9 %, los empleadores que cubren el 14 % y los jubilados que han contribuido a lo largo de su vida laboral.
Sostuvo que el Estado actúa como un mero administrador y garante, por lo que mezclar las finanzas o la infraestructura del IPS con las carencias del Ministerio de Salud pública vulnera los derechos de los asegurados. Al observar la situación de los pacientes en los hospitales públicos e IPS, la congresista indicó que los asegurados están cansados de las promesas y que las familias se encuentran con las manos vacías al buscar medicamentos en las farmacias.
“Basta de promesas, basta de ensayos. La receta ya está escrita en la ley y solo se debe aplicar. Lo que el ciudadano paraguayo exige hoy es ver a sus médicos especialistas en los puestos de trabajo y encontrar los medicamentos en la farmacia. Gestión, trabajo y cumplimiento estricto de la ley es lo que se necesita”, concluyó.