Durante la defensa del presupuesto para el año 2027 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP), los legisladores expresaron su preocupación por las demoras en los juicios y la falta de controles en el Poder Judicial. Asimismo, solicitaron medidas para la protección de mujeres que han sido víctimas de violencia y mencionaron retrasos en la efectiva implementación del Registro Unificado Nacional (RUN).
El presidente de la Corte, Alberto Martínez, defendió las acciones de la institución, respondió a algunas preguntas y dejó pendiente el envío de información adicional a la CBP.
El senador Líder Amarilla señaló que más del 70% de las personas en prisión aún no habían recibido condena, y criticó la anulación de juicios que obliga a repetir procedimientos y a solicitar nuevos recursos, sugiriendo que ese tiempo podría ser utilizado en casos que aún no tienen resolución.
Martínez presentó datos sobre los procesados, indicando que el 39,6% tenía condena y el 60,4% no. Aclaró que dentro de este último grupo hay personas que no están encarceladas, lo que significa que los porcentajes no reflejan el mismo universo mencionado por el senador.
Respecto a las demoras, citó informes que los jueces deben presentar cada cuatro meses sobre los expedientes pendientes de sentencia o resolución, y explicó que la Corte realiza inspecciones al azar para verificar esta información. También hizo referencia a la falta de jueces titulares en los juzgados laborales de Asunción, indicando que solo tres de los seis juzgados de primera instancia contaban con titulares, quienes debían cubrir los otros tres.
Martínez afirmó que una sentencia puede emitirse dentro del plazo legal, pero el proceso completo puede extenderse por varios años, atribuyendo parte de estas demoras a las posibilidades de dilación que permiten las normas actuales. "Yo sé cuándo entro al Poder Judicial, pero no cuándo salgo", ejemplificó, reflejando el reclamo de la ciudadanía.
Defendió el uso de notificaciones electrónicas como una herramienta que agiliza los trámites y advirtió sobre un proyecto de ley que, a su juicio, podría perjudicar este avance. En su respuesta a Amarilla, no abordó de manera específica el cuestionamiento sobre la anulación de juicios y la repetición de actuaciones.