Los miembros del Congreso coincidieron en que el informe del Banco Central del Paraguay (BCP) no revela irregularidades significativas y respalda la solidez del sistema bancario. Afirmaron que la Superintendencia de Bancos está realizando adecuadamente su labor de supervisión y control.
Los legisladores de ambas cámaras del Congreso coincidieron en que la información técnica proporcionada por el Banco Central del Paraguay (BCP) descarta la existencia de irregularidades graves y confirma la estabilidad del sistema financiero nacional. Tras analizar los informes, señalaron que la actuación de la Superintendencia de Bancos evidencia el adecuado funcionamiento de los mecanismos de supervisión y control de riesgos. En este contexto, enfatizaron que la apertura de un sumario administrativo a una entidad no implica una intervención ni justifica alarmar a la ciudadanía.
El senador Dionisio Amarilla instó a detener lo que calificó como una "temeraria campaña" destinada a generar desconfianza en el sector financiero y provocar un posible pánico entre los ahorristas. Al ser consultado por la prensa legislativa sobre el contenido analizado, el parlamentario y economista fue claro al afirmar que "no aparece absolutamente nada raro en el informe". También defendió la capacitación técnica de los funcionarios del ente regulador y advirtió que intentar forzar una intervención a ueno bank sería irresponsable, ya que dicha entidad ha permitido mejorar significativamente los rendimientos de las colocaciones de instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS).
De manera similar, el diputado Alejandro Aguilera criticó la difusión mediática de versiones alarmistas sobre la situación del sistema bancario. El legislador expresó su preocupación por la "liviandad" con la que ciertos actores políticos y grupos empresariales han manejado la filtración del informe, que abarca el desempeño de al menos siete entidades financieras. Aguilera subrayó que los datos técnicos confirman que las instituciones de la plaza tienen plena solvencia y que no existen riesgos de colapso ni amenazas directas para los ahorros de la población.
Ambos parlamentarios atribuyeron la controversia a disputas comerciales y a una "guerra de facciones" dentro del sector bancario privado. Aguilera argumentó que los ataques son consecuencia de la resistencia de ciertos sectores tradicionales ante la llegada de competidores que ofrecen tasas de interés más atractivas al Estado. Como ejemplo, destacó que, gracias a este nuevo entorno competitivo, el IPS logró ingresos superiores a USD 200 millones en un solo año por el rendimiento de sus depósitos, un beneficio sin precedentes en la gestión de los recursos de los contribuyentes.
En el ámbito político, Aguilera desestimó las acusaciones de la oposición que intentan vincular al presidente de la República con la entidad involucrada, recordando que la desvinculación directiva del mandatario fue aclarada y documentada en su momento. Con el fin de proteger la institucionalidad económica, el diputado anunció que promoverá un proyecto de ley para tipificar y sancionar el "terrorismo financiero", penalizando la difusión maliciosa de información falsa que busque provocar corridas de depósitos.
Guaraníme (guaraní)
Traducción automática, sin revisión lingüística humanaLegisladores destacan informe del BCP que respalda la estabilidad financiera
Los miembros del Congreso coincidieron en que el informe del Banco Central del Paraguay (BCP) no revela irregularidades significativas y respalda la solidez del sistema bancario. Afirmaron que la Superintendencia de Bancos está realizando adecuadamente su labor de supervisión y control.
Los legisladores de ambas cámaras del Congreso coincidieron en que la información técnica proporcionada por el Banco Central del Paraguay (BCP) descarta la existencia de irregularidades graves y confirma la estabilidad del sistema financiero nacional. Tras analizar los informes, señalaron que la actuación de la Superintendencia de Bancos evidencia el adecuado funcionamiento de los mecanismos de supervisión y control de riesgos. En este contexto, enfatizaron que la apertura de un sumario administrativo a una entidad no implica una intervención ni justifica alarmar a la ciudadanía.
El senador Dionisio Amarilla instó a detener lo que calificó como una "temeraria campaña" destinada a generar desconfianza en el sector financiero y provocar un posible pánico entre los ahorristas. Al ser consultado por la prensa legislativa sobre el contenido analizado, el parlamentario y economista fue claro al afirmar que "no aparece absolutamente nada raro en el informe". También defendió la capacitación técnica de los funcionarios del ente regulador y advirtió que intentar forzar una intervención a ueno bank sería irresponsable, ya que dicha entidad ha permitido mejorar significativamente los rendimientos de las colocaciones de instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS).
De manera similar, el diputado Alejandro Aguilera criticó la difusión mediática de versiones alarmistas sobre la situación del sistema bancario. El legislador expresó su preocupación por la "liviandad" con la que ciertos actores políticos y grupos empresariales han manejado la filtración del informe, que abarca el desempeño de al menos siete entidades financieras. Aguilera subrayó que los datos técnicos confirman que las instituciones de la plaza tienen plena solvencia y que no existen riesgos de colapso ni amenazas directas para los ahorros de la población.
Ambos parlamentarios atribuyeron la controversia a disputas comerciales y a una "guerra de facciones" dentro del sector bancario privado. Aguilera argumentó que los ataques son consecuencia de la resistencia de ciertos sectores tradicionales ante la llegada de competidores que ofrecen tasas de interés más atractivas al Estado. Como ejemplo, destacó que, gracias a este nuevo entorno competitivo, el IPS logró ingresos superiores a USD 200 millones en un solo año por el rendimiento de sus depósitos, un beneficio sin precedentes en la gestión de los recursos de los contribuyentes.
En el ámbito político, Aguilera desestimó las acusaciones de la oposición que intentan vincular al presidente de la República con la entidad involucrada, recordando que la desvinculación directiva del mandatario fue aclarada y documentada en su momento. Con el fin de proteger la institucionalidad económica, el diputado anunció que promoverá un proyecto de ley para tipificar y sancionar el "terrorismo financiero", penalizando la difusión maliciosa de información falsa que busque provocar corridas de depósitos.
