Los legisladores expresaron su descontento con la actuación de los fiscales y las restricciones en las investigaciones de delitos por parte del Ministerio Público. Durante la revisión del presupuesto, el fiscal general del Estado reconoció deficiencias en la atención a víctimas y en el laboratorio forense.
Durante la revisión del presupuesto del Ministerio Público ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el fiscal general del Estado admitió, el lunes, que existen fallas en la atención a víctimas y expuso las deficiencias del laboratorio forense. Los legisladores cuestionaron la labor de los fiscales y preguntaron sobre los recursos destinados a la investigación de delitos, comprometiéndose a informar el porcentaje del presupuesto asignado a la lucha contra la corrupción.
La senadora Yolanda Paredes inició las consultas con críticas hacia la actuación de los fiscales, indagando si el Ministerio Público tiene un protocolo para casos de feminicidio y qué mejoras ha recibido el laboratorio forense. También cuestionó el uso de la figura de “cesación de hecho punible” en procedimientos relacionados con ocupaciones campesinas, solicitando que el fiscal general aclare qué norma permite esas intervenciones.
El fiscal general sostuvo que la distribución de tareas entre los Juzgados de Paz y la Fiscalía puede resultar en una falta de protección efectiva para las víctimas. Explicó que las derivaciones entre instituciones dificultan la respuesta ante una denuncia, y admitió que “algunos fiscales en el interior, estoy de acuerdo, se relajan”.
Propuso una revisión de la Ley N° 1.600, que establece normas de protección contra la violencia doméstica, para que el Ministerio Público intervenga desde la primera manifestación de violencia. También mencionó incumplimientos de las medidas de protección, aunque no especificó si existe el protocolo solicitado por Paredes.
Respecto a las órdenes de desalojo, indicó que corresponden al Poder Judicial, diferenciando este procedimiento de la cesación de los efectos de un hecho punible, figura que se encuentra en el Código Procesal Penal. Explicó que su aplicación requiere una intervención inmediata ante el hecho y pruebas de violencia o clandestinidad, citando las invasiones VIP en la zona del río Paraguay como un antecedente de conflictos que deben resolverse mediante acciones judiciales sobre derechos de posesión o propiedad.
Rolón afirmó que el único laboratorio forense del Ministerio Público está ubicado en la capital y cuenta con 19 técnicos. La institución recibió 215.000 causas el año anterior y, según relató, antes de la audiencia le informaron que los expedientes del año en curso ya superaban los anteriores.
Guaraníme (guaraní)
Traducción automática, sin revisión lingüística humanaLegisladores critican a fiscales y limitaciones en investigaciones del Ministerio Público
Los legisladores expresaron su descontento con la actuación de los fiscales y las restricciones en las investigaciones de delitos por parte del Ministerio Público. Durante la revisión del presupuesto, el fiscal general del Estado reconoció deficiencias en la atención a víctimas y en el laboratorio forense.
Durante la revisión del presupuesto del Ministerio Público ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el fiscal general del Estado admitió, el lunes, que existen fallas en la atención a víctimas y expuso las deficiencias del laboratorio forense. Los legisladores cuestionaron la labor de los fiscales y preguntaron sobre los recursos destinados a la investigación de delitos, comprometiéndose a informar el porcentaje del presupuesto asignado a la lucha contra la corrupción.
La senadora Yolanda Paredes inició las consultas con críticas hacia la actuación de los fiscales, indagando si el Ministerio Público tiene un protocolo para casos de feminicidio y qué mejoras ha recibido el laboratorio forense. También cuestionó el uso de la figura de “cesación de hecho punible” en procedimientos relacionados con ocupaciones campesinas, solicitando que el fiscal general aclare qué norma permite esas intervenciones.
El fiscal general sostuvo que la distribución de tareas entre los Juzgados de Paz y la Fiscalía puede resultar en una falta de protección efectiva para las víctimas. Explicó que las derivaciones entre instituciones dificultan la respuesta ante una denuncia, y admitió que “algunos fiscales en el interior, estoy de acuerdo, se relajan”.
Propuso una revisión de la Ley N° 1.600, que establece normas de protección contra la violencia doméstica, para que el Ministerio Público intervenga desde la primera manifestación de violencia. También mencionó incumplimientos de las medidas de protección, aunque no especificó si existe el protocolo solicitado por Paredes.
Respecto a las órdenes de desalojo, indicó que corresponden al Poder Judicial, diferenciando este procedimiento de la cesación de los efectos de un hecho punible, figura que se encuentra en el Código Procesal Penal. Explicó que su aplicación requiere una intervención inmediata ante el hecho y pruebas de violencia o clandestinidad, citando las invasiones VIP en la zona del río Paraguay como un antecedente de conflictos que deben resolverse mediante acciones judiciales sobre derechos de posesión o propiedad.
Rolón afirmó que el único laboratorio forense del Ministerio Público está ubicado en la capital y cuenta con 19 técnicos. La institución recibió 215.000 causas el año anterior y, según relató, antes de la audiencia le informaron que los expedientes del año en curso ya superaban los anteriores.
