En Paraguay, se tiende a depositar en la figura del presidente expectativas que superan sus atribuciones reales. Se le exige responsabilidad en áreas como el empleo, la educación, la salud, las infraestructuras, el transporte, la seguridad, el funcionamiento del sistema judicial, los municipios y otros servicios que dependen de diversas instituciones. Sin embargo, es fundamental discernir quién puede llevar a cabo cada acción para pasar de promesas generales a resultados tangibles.
La Constitución Nacional establece que el presidente es el encargado de dirigir la administración general del país, cumplir y hacer cumplir las leyes, así como nombrar y destituir ministros y ciertos funcionarios. Además, participa en la creación de leyes y tiene la facultad de reglamentarlas. También puede presentar iniciativas legislativas al Congreso y elaborar el proyecto anual del Presupuesto General de la Nación.
El presidente tiene la capacidad de establecer prioridades dentro del Poder Ejecutivo, realizar cambios en el gabinete, reorganizar políticas, dirigir inversiones, acelerar programas, exigir la ejecución de proyectos y coordinar instituciones bajo su administración. Puede decidir que áreas como educación, salud, infraestructura, empleo formal o digitalización sean prioridades políticas y reflejar esas decisiones en el presupuesto y en la gestión ministerial.
No obstante, es importante distinguir entre impulsar una política y poder resolverla de manera unilateral. El Congreso, por su parte, tiene la competencia constitucional para aprobar leyes, legislar sobre temas tributarios, aprobar anualmente el Presupuesto General de la Nación, autorizar préstamos y aceptar o rechazar tratados internacionales. Esto implica que cualquier reforma que requiera cambios legislativos, creación de impuestos, asunción de deudas o modificación de normativas estructurales necesita la construcción de mayorías en el ámbito legislativo.
El presidente puede presentar un proyecto, pero no puede asegurar su aprobación. Una situación similar se presenta con el presupuesto: el Ejecutivo lo elabora y propone, mientras que el Congreso lo revisa y aprueba. Posteriormente, el Ejecutivo debe administrarlo conforme a la ley y rendir cuentas sobre su ejecución.
Esto modifica la forma en que debemos interpretar muchas promesas públicas. Afirmar “voy a aumentar determinado gasto” no es suficiente; es necesario indagar sobre quién tiene la competencia para llevarlo a cabo.