El exministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, indicó que la mejora en las relaciones diplomáticas y consulares entre Paraguay y Venezuela abre la puerta a una solución soberana para el conflicto financiero que enfrenta la estatal Petropar con la petrolera PDVSA.
Acevedo mencionó que "la reanudación de los canales oficiales permite encarar mecanismos de diálogo bilateral orientados a renegociar los compromisos acumulados y proteger las arcas del Estado paraguayo ante eventuales fallos adversos en tribunales internacionales". Además, destacó que "esta iniciativa resulta estratégica para recuperar el intercambio comercial y garantizar la seguridad energética del país".
El litigio relacionado con la deuda petrolera está actualmente bajo la jurisdicción del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de París. La deuda original asciende a 360 millones de dólares en capital, pero los intereses acumulados y los honorarios legales podrían incrementar el total a más de 1.000 millones de dólares si no se llega a un acuerdo entre las partes antes de que finalice el proceso.
Para mitigar el impacto financiero de un fallo desfavorable, el gobierno paraguayo está considerando opciones de reestructuración que incluyen entregas de alimentos, transferencias de productos primarios o planes de pago a plazos. Estas alternativas buscan cumplir con la obligación sin recurrir al endeudamiento público ni comprometer los recursos de la petrolera estatal.
Otra opción que se está evaluando es la intermediación de entidades bancarias internacionales que podrían adquirir el pasivo financiero y renegociar plazos más flexibles. Esta estrategia trilateral permitiría manejar las operaciones contables de manera técnica y transparente, asegurando la estabilidad económica de Petropar.
La situación política en Caracas está atravesando un proceso de reorganización institucional, influenciado por la reactivación de la producción de hidrocarburos por parte de corporaciones multinacionales. La normalización del mercado energético en la región es fundamental para fortalecer la autonomía operativa de las empresas estatales en América Latina.
En una reciente emisión del programa Contra Corriente, el ex Canciller afirmó que la reconstrucción del tejido social y productivo en Venezuela requerirá un periodo estimado de entre 8 y 10 años de estabilidad política.