La senadora opositora Esperanza Martínez planteó la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre las supuestas irregularidades en títulos universitarios y sugirió dialogar con la fiscala Teresa Sosa para avanzar en la clarificación de los hechos.
La legisladora criticó que, a pesar de la seriedad de las denuncias, aún no se hayan presentado resultados de la evaluación informática y de la auditoría externa mencionadas por el ministro de Educación, en el marco de las cuales hay personas bajo investigación.
Martínez destacó la importancia de involucrar al Ministerio Público para profundizar en las indagaciones y establecer las responsabilidades pertinentes. Esta propuesta surge en medio de las inquietudes sobre títulos otorgados a estudiantes de carreras que no estaban autorizadas o que mostraban discrepancias en sus cargas académicas y prácticas profesionales.
De acuerdo a la información presentada ante la comisión, una revisión de 1.700 expedientes de seis universidades identificó 331 títulos con irregularidades. Además, otros 1.090 títulos requieren investigación para verificar si poseen el respaldo académico adecuado. Estos casos pendientes de verificación no implican, por sí mismos, que los documentos sean falsos.
Simultáneamente, la comisión especial del Senado está elaborando un proyecto de resolución para instar a las universidades a responder a los pedidos de informes realizados en el contexto de la investigación.
Hasta el momento, alrededor de la mitad de las universidades consultadas ha respondido a los requerimientos. También están pendientes las respuestas de unas 200 instituciones estatales, incluyendo organismos del Poder Judicial y del Ministerio Público.
La comisión tiene plazo hasta noviembre para finalizar sus trabajos y prevé solicitar una extensión, que deberá ser aprobada por el pleno del Senado.
El objetivo es recopilar la documentación necesaria para determinar el alcance de las supuestas irregularidades y establecer si es necesario promover nuevas acciones ante las instituciones competentes.
El Contralor General de la República, Camilo Benítez, recomendó suspender la habilitación de nuevas carreras hasta que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) tenga la capacidad para supervisar a las universidades.