La Escuela Cívica Militante ha presentado una impugnación ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para anular la convocatoria a elecciones municipales programadas para octubre de 2026. Su argumento se basa en que las autoridades municipales actuales, elegidas para el periodo 2021-2025, finalizaron su mandato legítimo en noviembre del año pasado.
La solicitud fue realizada el 22 de septiembre de este año. La organización sostiene que cualquier prórroga de este mandato a través de leyes ordinarias o resoluciones administrativas carece de validez jurídica y contraviene las normas constitucionales.
El fundamento técnico de la impugnación se basa en el Código Electoral paraguayo, que establece que las elecciones municipales deben realizarse exactamente treinta meses después de las elecciones generales. Dado que las elecciones generales se llevaron a cabo a finales de abril de 2023, la fecha para la renovación de autoridades comunales debería haber sido en octubre de 2025, lo que implica que el calendario electoral actual presenta un retraso ilegal de un año completo.
Los denunciantes argumentan que la ley excepcional promulgada durante la pandemia de COVID-19 ya ha agotado sus efectos jurídicos y que el Congreso Nacional no tiene la autoridad para extender mandatos a través de leyes ordinarias, ya que esta competencia corresponde únicamente a un proceso formal de Reforma Constitucional.
Además de la impugnación ante el TSJE, también han presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para suspender los efectos de las leyes y resoluciones cuestionadas. Asimismo, han promovido una denuncia penal ante el Ministerio Público por usurpación de funciones públicas y lesión de confianza, alegando que los intendentes y concejales siguen administrando recursos estatales y recibiendo salarios sin un título legal válido, y acusan a los magistrados electorales de violar el orden constitucional.
Finalmente, la documentación también incluye quejas formales sobre la inacción de las fiscalías locales frente a estas denuncias en ciertas regiones del país, demandando una intervención inmediata para restablecer la legalidad.