Durante su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, argumentó sobre las serias deficiencias que enfrenta la Fiscalía y respondió a las continuas demandas, a pesar de las limitaciones existentes. "Yo quiero que critiquen, pero también que den medios. No me castigan a mí como persona, sino están castigándole a una institución que debe ser la más auténticamente republicana", explicó.
El funcionario indicó que el Ministerio Público se encuentra en un "limbo de protección", ya que no tiene vínculos con los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, lo que dificulta su financiamiento, dado que no forma parte del plan de Gobierno ni cuenta con representación en el Congreso. "Resulta que el Ministerio Público fue creado sin raíces que lo liguen con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No formamos parte del Gobierno propiamente dicho", afirmó.
Rolón destacó que la independencia institucional se manifiesta en su imparcialidad, señalando que bajo su gestión se han logrado condenas tanto de miembros del oficialismo como de la oposición, ya que las acciones se basan estrictamente en "evidencias" y no en inclinaciones políticas.
Respecto a la falta de personal, reveló que la institución cuenta con solo 350 fiscales para atender a una población de siete millones, cuando se necesitarían al menos 700 para satisfacer la demanda. Además, mencionó que esta situación se ve agravada por una carga procesal que ya supera las 230.000 causas en el presente año.
También subrayó que la Fiscalía opera con tecnología obsoleta, mientras que el país dispone de una única morgue, perteneciente a la Facultad de Medicina en la capital, y un solo laboratorio con apenas 19 técnicos para todo el territorio nacional. Para ilustrar la falta de tecnología, Rolón mencionó que un análisis de ADN en un caso de crimen fronterizo tardó tres meses en resolverse, mientras que con equipo moderno se podría haber realizado en solo 24 horas.
En el proyecto de presupuesto para el año 2027, el monto total propuesto asciende a G. 1.286.764.270.960, lo que representa un aumento del 68,63% en comparación con los G. 763.074.341.420 asignados en el presupuesto de 2026 (Ley 7.609). El Ministerio Público tiene como funciones evaluar la información desde el escenario del crimen hasta el cumplimiento de la sentencia, velar por los derechos de las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.