Durante la controversia, la bancada cartista intentó desvincular el caso del ámbito político, minimizando las críticas y atribuyendo parte de ellas a supuestos ataques de ciertos sectores de la prensa. Esta postura se mantuvo mientras avanzaban las investigaciones sobre la documentación presentada por Rivas.
Peña reiteró en diversas entrevistas su cercanía con el senador, a quien describió como un "compañero" y "un gran amigo" desde su primera candidatura presidencial en 2017. Al ser consultado sobre el efecto del caso en su gestión, el presidente afirmó que la situación no le causaba "ni un poco" de vergüenza y anticipó que no se aplicarían sanciones políticas contra Rivas.
Uno de los argumentos presentados por Peña y otros miembros del oficialismo fue que las críticas hacia Rivas eran parte de un supuesto "escándalo selectivo" promovido por ciertos medios de comunicación. El mandatario solicitó en repetidas ocasiones que se aplicara la "misma vara" a legisladores colorados y opositores.
Además, Peña sostuvo que la discusión sobre la validez del título debía ser tratada únicamente en el ámbito judicial, no en el Poder Ejecutivo ni en el Legislativo. En este sentido, pidió "que la justicia haga su trabajo" y subrayó que Rivas se había apartado temporalmente de algunas funciones para enfrentar sus problemas legales.
Con el avance de las investigaciones, el discurso oficialista comenzó a centrar la atención en el problema de los títulos falsos y las carreras no acreditadas. Desde el Ejecutivo se dirigieron críticas hacia los organismos responsables del control educativo y se instó a la ciudadanía a verificar la acreditación de las instituciones antes de iniciar una carrera.
La sentencia de ocho años de prisión impuesta por un Tribunal de Sentencia marcó un cambio significativo respecto a la defensa política que había respaldado a Rivas durante la controversia. Los magistrados consideraron que la conducta investigada no era una falta menor, dada las repercusiones institucionales del uso de documentación falsa.
El caso adquirió una gravedad particular debido al rol que Rivas desempeñó en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), órgano que incluso llegó a presidir. Desde esa posición, participó en procesos que involucraban a jueces, fiscales y defensores públicos de todo el país.