En una intervención en el programa Espresso Informativo de La Tribu 650 AM, el legislador enfatizó que el Congreso no debería asumir funciones de fiscalización operativa ni utilizar solicitudes de informes para evaluar la conducta de entidades privadas.
Nakayama recordó que la estabilidad monetaria y la supervisión del sistema bancario están respaldadas por la Carta Orgánica del BCP desde 1995, un marco institucional que ha permitido mantener la salud financiera del país durante tres décadas.
El legislador afirmó: “Lo peor que puede hacer la clase política es inmiscuirse en cuestiones que no le corresponden. Resulta que ahora vamos a definir desde el Senado, con votos, quién es buen banco y quién no. Eso es una locura; si es así, eliminemos el Banco Central y asumamos nosotros el control.”
Al analizar el contexto financiero, el parlamentario destacó los riesgos de vulnerar los procedimientos institucionales. Advirtió que romper de manera arbitraria las normas del secreto bancario o utilizar información filtrada con fines políticos puede desincentivar la inversión extranjera y provocar una fuga de capitales.
Aclaró que la decisión de levantar el secreto bancario corresponde exclusivamente a los jueces en el ámbito penal, donde las entidades están obligadas a proporcionar toda la documentación solicitada.
Recordó la crisis del Banco Unión en 1995 como un claro ejemplo de los daños que puede ocasionar la intromisión política en el sistema bancario, al forzar el cierre de una entidad que luego demostró su solvencia al devolver la totalidad de los fondos a sus ahorristas.
Subrayó que, ante posibles irregularidades o faltas en los protocolos antilavado, es la Superintendencia de Bancos la que debe actuar de oficio, concluir los sumarios e imponer sanciones severas, tal como ha sucedido con importantes entidades multinacionales en años anteriores.