La propuesta establece penas de hasta 10 años de prisión para quienes creen y difundan información falsa con el propósito de generar corridas bancarias o provocar pánico entre los ahorristas.
El diputado Aguilera criticó el uso del miedo de los depositantes como herramienta en conflictos entre grupos empresariales o medios de comunicación.
Para la aplicación de las sanciones, la normativa requerirá demostrar la intención de causar desinformación y la existencia de un riesgo grave y concreto para la liquidez de las entidades afectadas.
El legislador aclaró que el proyecto asegurará la protección del trabajo periodístico, la confidencialidad de las fuentes y los análisis técnicos o académicos.
Además, anunció que establecerá un espacio de discusión con la Asoban, autoridades del Banco Central del Paraguay y expertos del sector.