El intendente de Nueva Alborada, Juan Alberto Haugg, a través de su representante legal, el abogado Arnaldo Gaona, ha interpuesto una denuncia penal contra el exintendente Óscar Martínez por presunta lesión de confianza, estafa y asociación criminal. La denuncia fue presentada ante la Unidad Penal N.° 8 de la Fiscalía de Encarnación, bajo la supervisión de Luis Albertini.
Se solicita la investigación de una serie de transferencias directas al Consejo de Desarrollo Distrital, realizadas entre 2022 y 2026, para las cuales no hay documentos que las respalden, lo que sugiere un manejo irregular de los fondos públicos. El total de las transferencias asciende a G. 1.766.123.140. Según las denuncias, el consejo está integrado por funcionarios y operadores políticos cercanos al jefe comunal. Además de la falta de documentación, se indica que no hay obras verificables realizadas por este consejo, según lo manifestado por Gaona.
Asimismo, se han denunciado a concejales oficialistas por llevar a cabo sesiones paralelas con el fin de imponer un jefe comunal afín al exintendente. Esta situación fue resuelta por el Tribunal Electoral, que ratificó la elección de Haugg para completar el período vacante tras la renuncia de Martínez.
Los denunciantes también mencionan un manejo inadecuado de los recursos municipales, citando facturas con montos inflados, como la reparación de una camioneta municipal que costó más de G. 98 millones. También se encontraron facturas elevadas por supuestas contrataciones directas para la reparación de caminos, a empresas de otros candidatos colorados de otro distrito del departamento, antes de las elecciones internas.
En el acta de recepción del 30 de marzo, así como en la orden de pago y la factura del 23 de marzo de la obra, no se especifican los lugares donde se llevaron a cabo los mantenimientos de caminos, obra que tuvo un costo cercano a G. 300 millones. Los denunciantes piden una investigación exhaustiva, dado que la comunidad es un distrito con muchas necesidades y no debería haber un manejo irregular de los fondos públicos.
También se mencionan obras en escuelas rurales que están siendo investigadas, ante la sospecha de que las construcciones no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad. Tras los resultados del análisis, se presentarán documentos para ampliar la denuncia, afirmó el representante legal. Gaona solicitó celeridad a la Justicia, argumentando que, a estas alturas, con los elementos documentales presentados, se debe actuar.