La Corte Suprema de Justicia presentó su solicitud presupuestaria para 2027, generando un debate sobre los salarios de sus empleados y la asignación de recursos. Legisladores expresaron inquietudes sobre la ejecución de los fondos y la cobertura del seguro médico.
El pedido de presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para el año 2027 generó un intercambio de opiniones sobre los salarios de sus funcionarios y las prioridades de gasto. Durante la reunión con la Comisión Bicameral del Presupuesto, el presidente de la Corte defendió los reajustes salariales y las obras pendientes.
Los legisladores, por su parte, pidieron aclaraciones sobre la ejecución de los recursos y la cobertura del seguro médico. El senador Líder Amarilla inició las consultas el lunes pasado, preguntando sobre el nivel de ejecución presupuestaria actual de la Corte.
El presidente de la Corte indicó que el porcentaje de ejecución presupuestaria actualizado es del 62%, señalando que la principal dificultad radica en el plan de caja, que establece la disponibilidad de fondos para cubrir los gastos autorizados en el presupuesto. Mencionó que la falta de desembolsos ha llevado a la postergación de la finalización de los juzgados de primera instancia en J. Augusto Saldívar y a retrasos en el edificio de apoyo administrativo junto al Palacio de Justicia, que permitiría liberar alrededor de 4.000 metros cuadrados en la sede principal.
La senadora Yolanda Paredes preguntó sobre la distribución de los recursos dentro de la Corte, señalando que había una diferencia de casi US$ 40 millones en el rubro de servicios personales, destinado a las remuneraciones. Cuestionó que los funcionarios con menores ingresos deban acudir al Congreso para solicitar mejoras salariales.
El ministro respondió que la Corte paga los salarios que el Congreso autoriza, argumentando que el aumento del costo de vida requiere una actualización para los funcionarios afectados por la falta de reajustes, con el fin de mitigar la pérdida de su capacidad de compra.
El diputado Emilio Pavón exigió que el Poder Judicial reciba al menos el 3% del presupuesto, como establece la Constitución. Según su exposición, el presupuesto de 2026 representaba el 2,6%, lo que implica una diferencia de aproximadamente G. 336.000 millones, equivalente a más de US$ 50 millones. Propuso destinar esos recursos a aumentos graduales y a juzgados creados por ley que aún no cuentan con financiamiento.
Más adelante, Martínez mencionó un cálculo diferente, indicando un 3,26% en relación al presupuesto del año anterior. El presidente de la Corte sugirió una mayor autonomía para decidir sobre las inversiones y los salarios, así como un plan de caja anual con doce cuotas que garantice la disponibilidad de los fondos.
Guaraníme (guaraní)
Traducción automática, sin revisión lingüística humanaCorte Suprema omenda reajustes salariales ante el Congreso
La Corte Suprema de Justicia omenda su solicitud presupuestaria para 2027, omendando un debate sobre los salarios de sus empleados y la asignación de recursos. Legisladores expresaron inquietudes sobre la ejecución de los fondos y la cobertura del seguro médico.
El pedido de presupuesto de la Corte Suprema de Justicia para el año 2027 omendó un intercambio de opiniones sobre los salarios de sus funcionarios y las prioridades de gasto. Durante la reunión con la Comisión Bicameral del Presupuesto, el presidente de la Corte omendó los reajustes salariales y las obras pendientes.
Los legisladores, por su parte, pidieron aclaraciones sobre la ejecución de los recursos y la cobertura del seguro médico. El senador Líder Amarilla inició las consultas el lunes pasado, preguntando sobre el nivel de ejecución presupuestaria actual de la Corte.
El presidente de la Corte indicó que el porcentaje de ejecución presupuestaria actualizado es del 62%, señalando que la principal dificultad radica en el plan de caja, que establece la disponibilidad de fondos para cubrir los gastos autorizados en el presupuesto. Mencionó que la falta de desembolsos ha llevado a la postergación de la finalización de los juzgados de primera instancia en J. Augusto Saldívar y a retrasos en el edificio de apoyo administrativo junto al Palacio de Justicia, que permitiría liberar alrededor de 4.000 metros cuadrados en la sede principal.
La senadora Yolanda Paredes preguntó sobre la distribución de los recursos dentro de la Corte, señalando que había una diferencia de casi US$ 40 millones en el rubro de servicios personales, destinado a las remuneraciones. Cuestionó que los funcionarios con menores ingresos deban acudir al Congreso para solicitar mejoras salariales.
El ministro respondió que la Corte paga los salarios que el Congreso autoriza, argumentando que el aumento del costo de vida requiere una actualización para los funcionarios afectados por la falta de reajustes, con el fin de mitigar la pérdida de su capacidad de compra.
El diputado Emilio Pavón exigió que el Poder Judicial reciba al menos el 3% del presupuesto, como establece la Constitución. Según su exposición, el presupuesto de 2026 representaba el 2,6%, lo que implica una diferencia de aproximadamente G. 336.000 millones, equivalente a más de US$ 50 millones. Propuso destinar esos recursos a aumentos graduales y a juzgados creados por ley que aún no cuentan con financiamiento.
Más adelante, Martínez mencionó un cálculo diferente, indicando un 3,26% en relación al presupuesto del año anterior. El presidente de la Corte sugirió una mayor autonomía para decidir sobre las inversiones y los salarios, así como un plan de caja anual con doce cuotas que garantice la disponibilidad de los fondos.
