Bachi Núñez solicita detener remates de propiedades relacionadas con el caso González Daher

A través de sus redes sociales, Núñez manifestó su comprensión por la inquietud de los afectados y se ofreció a colaborar con los compatriotas para encontrar, dentro del marco constitucional, una solución que permita suspender los remates y salvaguardar a las familias. Su declaración se produjo tras una reunión que el exdiputado y abogado Óscar Tuma sostuvo con coordinadores de las familias perjudicadas por los remates. Según las denuncias recientes, más de 300 familias de diversas localidades aseguran haber cumplido con los pagos de sus terrenos e incluso haber construido sus viviendas, pero se encuentran en medio del proceso de comiso de bienes relacionados con el caso González Daher. Algunas de estas familias afirman tener contratos y recibos de pago, pero no han logrado obtener la transferencia definitiva de sus propiedades. La situación se ha agravado con las subastas realizadas por la SENABICO, siendo la más reciente el 24 de septiembre, donde se subastaron inmuebles, vehículos y otros bienes, mientras los afectados advierten que más propiedades podrían ser incluidas en futuros remates. Uno de los casos más destacados es el de una mujer que, tras haber pagado durante años un terreno adquirido en 2015, terminó participando en la subasta y tuvo que volver a pagar para intentar conservar el inmueble que ya había saldado. Desde el Poder Judicial se indicó que el proceso de ejecución se origina en la condena y el comiso de bienes de González Daher y Fernando González Karjallo. En julio de 2026, el juzgado a cargo de la jueza Sandra Kirchhofer había comunicado que se habían entregado a la SENABICO 89 de los 141 inmuebles establecidos por sentencia, en el contexto de la causa por lavado de dinero. Mientras tanto, los compradores exigen que se evalúe caso por caso la situación de quienes se consideran terceros de buena fe. La Inmobiliaria Confort, mencionada en las denuncias, afirmó que sus clientes adquirieron los terrenos mediante contratos previos a los conflictos judiciales y solicitó el levantamiento de medidas que permitan concretar las escrituras. La propuesta de Bachi Núñez lleva el conflicto al ámbito político: detener los remates, revisar la situación de los compradores y encontrar una solución jurídica que evite que familias que aseguran haber pagado sus viviendas terminen perdiéndolas debido a un proceso penal en el que no fueron condenadas. La discusión deberá equilibrar la ejecución del comiso ordenado judicialmente con los derechos que reclaman los compradores de buena fe.